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La constitución mexicana otorga al Congreso diversas facultades para vigilar y controlar a las fuerzas armadas, entre ellas autorizar el nombramiento de altos mandos y oficiales, así como declarar la guerra y permitir el uso de la guardia nacional al presidente de la República. En la práctica, sin embargo, las fuerzas armadas mexicanas se han conducido con una gran independencia y discrecionalidad y el Congreso no ha mostrado interés para indagar más sobre el funcionamiento de esa institución. Las causas de la abdicación del Congreso para fiscalizar a las fuerzas armadas son diversas. Por un lado, la constitución otorga escasas facultades para que el congreso llame a cuentas a los militares. Por otro lado, no ha ejercido las facultades que sí tiene por diversas consideraciones políticas, entre ellas el control que el presidente de la República ejerció sobre el Congreso hasta 1997. Finalmente, se debe tener presente el papel que las fuerzas armadas tuvieron en el movimiento revolucionario de 1910 y en la construcción del pacto político que dió lugar al PRI y permitió la estabilidad política durante la segunda mitad del siglo XX. A cambio de su lealtad y abdicación para encabezar el poder ejecutivo, los civiles les concedieron autonomía e independencia