El anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada supone un nuevo hito en la historia de España. Entre las medidas aplicables en un marco de justicia transicional, en aras de una normalización política y social, resulta especialmente importante replantearse la llamada legislación penal antiterrorista que, aunque tuviera carácter excepcional en su origen, se ha ido normalizando en nuestro derecho penal, procesal y penitenciario, y que sigue unos principios que son incompatibles con los que han de regir en un Estado social y democrático de derecho. La contribución describe los rasgos esenciales de esta legislación y formula propuestas para su revisión