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Con la promulgación de la ley del nuevo trato en agosto de 1955, parecía que se había alcanzado un acuerdo estable entre las compañías propietarias de la gran minería y el estado chileno. Sin embargo, a los dos años arreciaban las críticas. Luego, después de la crisis política de la administración Alessandri en 1961, poco a poco se impuso la idea de que sólo cambios drásticos podían lograr el desarrollo económico. Esto incidió en que se buscara en los retornos del cobre la llave para financiar los programas económicos. De ahí se dedujo directamente la nacionalización; las dos candidaturas de 1964 sólo diferían en la forma y en los plazos, no en el objetivo final