Este artículo está enfocado en un análisis de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional chileno en torno a la vida privada y al derecho a la libertad de información, poniendo énfasis en los criterios hermenéuticos aplicados. El constituyente de 1980 encomendó a las Cortes de Apelaciones, el conocimiento y el fallo de recurso de protección de la mayoría de los derechos asegurados por el artículo 19 de la Carta fundamental. A su vez, mantuvo el recurso de ampara o hábeas corpus destinado a proteger la libertad personal y la seguridad individual en manos de los tribunales ordinarios. El constituyente de 2005 no incluyó el traspaso del recurso de protección a la Magistratura Constitucional, sin embargo ha producido una desarrollada jurisprudencia en la materia