El artículo analiza la actividad sancionadora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde la perspectiva constitucional. Tras constatar las dificultades iniciales para exigir responsabilidad a las organizaciones internacionales en general, el trabajo se centra en las llamadas sanciones inteligentes directas o selectivas y en las vías para limitar este poder sancionador del Consejo de Seguridad. El autor concluirá que es necesario que dicho organismo vaya asumiendo progresivamente los principios constitucionales que otros ordenamientos de naturaleza constitucional manejan para garantizar la legitimidad de su poder sancionador, la efectividad de dichas sanciones así como contribuir a la progresiva estabilización de las relaciones interordinamentales