En Perú, la participación de la fuerza en orden interno es moneda corriente. Su participación frente a la subversión y el narcotráfico, siendo cuestionables, son poco discutidas. Sin embargo, la agenda de seguridad nacional y regional incluye otro tipo de amenaza; la conflcitividad social. Frente a ello, y en un contexto donde la autoridad es la primera en ser cuestionada, la definición de políticas de seguridad que respondan a este problema requiere de una legitimidad sostenida en diversas características que el sistema democrático otorga. Se analiza el caso de una ley dada hace un año que modifica el mecanismo de intervención de la fuerza armada en orden interno, a la luz del nivel de apertura de la discusión pública al respecto, los controles diseñados para la implementación de la propia norma y la confiabilidad misma de las autoridades