El 18 de febrero de 2015, la UAF, a través de la ley n°19.913 y en específico con la enrada en vigencia del inciso sexto dela rtículo 3°, instauró la obligación legal para las entidades públicas de reportar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, los delitos funcionarios y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, a partir de tal fecha, las entidades públicas se incorporaron al sistema preventivo chileno, junto a las entidades privadas, asumiendo roles y responsabilidades especiales. En este contexto, el artículo aborda los principales componentes sugeridos por la UAF para un modelo preventivo en el sector público, algunas cifras de contexto y reflexiones finales sobre el proceso, poniendo énfasis en algunos desafíos a tener en cuenta como parte de la evolución natural de toda actividad